Miles de portugueses se movilizaron este sábado en las calles por viviendas dignas y para que el Gobierno enfoque la situación habitacional como un derecho ciudadano y no como una mercancía con la que pueden lucrar los casatenientes.

Las movilizaciones tuvieron lugar en Lisboa y otras quince ciudades. Bajo el lema «Ya no se puede» y convocados por la plataforma «Casa para Vivir», denunciaron la especulación inmobiliaria y exigieron al Gobierno de centroderecha que dirige Luís Montenegro que adopte medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

En Lisboa, los manifestantes se congregaron en la plaza de Marquês de Pombal y marcharon por la Avenida da Liberdade. Entre otras, se reportaron actos públicos y marchas en Coimbra, Braga, Aveiro, Leiria y Faro.

La portavoz de Casa para Vivir, Alexandra Melo, declaró a medios internacionales que a través de la protesta buscan presionar al Gobierno para que atienda la crisis de la vivienda y ponga coto al precio del metro cuadrado y de los alquileres. Consideró que estos no han hecho más que aumentar y que las medidas adoptadas han empeorado la situación.

«Hoy en día, el metro cuadrado está en cerca de 5.000 euros (unos 5.793 dólares) y el alquiler está muy por encima del salario mínimo de Portugal, que es de unos 900 euros (alrededor de 1.043 dólares)», manifestó Melo, quien aseveró que medidas como acelerar el desahucio de aquellos que no pueden pagar el alquiler corroboran que «el Gobierno está pensando en el mercado y en la explotación de las viviendas como activos y no como hogares para las personas que realmente las necesitan».

A juicio de una de las movilizadas, la activista Raquel Ferreira —integrante del movimiento Puerta a Puerta, que forma parte de Casa para Vivir, «las medidas adoptadas por el Gobierno no benefician a quienes necesitan vivienda«.

Afirmó que «el concepto de alquileres moderados de 2.300 euros (2.665 dólares), como mencionó el Ejecutivo, o el 6% del IVA para la construcción, no tienen sentido ya que solo fomentan la especulación«.

Ferreira resaltó la urgencia de que el Gobierno asuma disposiciones como «la reducción y regulación de los alquileres, la construcción de viviendas públicas y la puesta a disposición de la población de las propiedades vacías». Propuso al Ejecutivo articular un canal de comunicación directo con la ciudadanía para abordar este asunto.

En opinión del economista José Caldeira, la crisis de la vivienda representa «la mayor crisis social que la ciudad de Lisboa y el país hayan vivido jamás». Valoró que se trata sobre todo de «la crisis de los desahucios, la crisis de los precios inaccesibles para la mayor parte de la población y la crisis de la intensificación de un ciclo de pobreza debido a la falta de vivienda para los más pobres y la clase media».

De acuerdo con un informe del Consejo Europeo, Lisboa es la ciudad de la UE donde se aprecia con mayor agudeza la falta de proporcionalidad entre los salarios de los trabajadores y los alquileres. Según ese texto, los residentes se ven obligados a destinar el mayor porcentaje de su haber a la vivienda (la proporción entre salario y alquiler es del 116%, lo que significa que un ingreso promedio por sí solo no es suficiente para alquilar un apartamento). Agrega el estudio que el constante aumento de los precios hace que el sueño de tener una vivienda propia sea cada vez más difícil.

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